La Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone deberes concretos a las empresas. Su incumplimiento genera responsabilidad civil, penal y de Seguridad Social.
El empleador está obligado a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Esto incluye la evaluación de riesgos, la formación e información, la vigilancia de la salud y la adopción de medidas preventivas específicas para cada puesto.
El incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad en tres frentes: sanciones administrativas de hasta 819.780 euros por infracción muy grave, responsabilidad civil por los daños causados —con el correspondiente recargo de prestaciones de entre el 30% y el 50%— y, en los casos más graves, responsabilidad penal.
Cuando un trabajador sufre un accidente, la investigación de sus causas es determinante para establecer si hubo negligencia empresarial. Hipólito & Candomeque actúa desde el primer momento para preservar las pruebas.